La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha indicado que la economía social es un claro ejemplo de la apuesta por el empleo de la igualdad, durante la inauguración en Sevilla de la jornada 'ES Igualdad: La Economía Social en femenino', organizada por la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (Cepes-A).

Según se ha puesto de manifiesto en la jornada, Andalucía es la primera comunidad autónoma en número de empresas de economía social (8.429), lo que representa el 25% del total nacional. Estas empresas generan más de 80.600 puestos de trabajo, y el 49% de ellos son para mujeres, porcentaje cuatro puntos superior al de España.

Las últimas cifras disponibles de la EPA (media anual 2010) indican la existencia de 134.300 mujeres empresarias en Andalucía; una cifra en continuo aumento durante la última década al pasar de un 10% del total del empresariado a principios de 2000, a casi el 30% en el año 2010. Por sectores de actividad el de servicios es el predominante, llegando a representar el 88,4%.

En la actualidad, 1,2 millones de mujeres están ocupadas en Andalucía, lo que representa el 41,8% del total de población ocupada en Andalucía. Esta cifra se ha duplicado en las dos últimas décadas.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Consejo Andaluz de Participación de Mujeres, un órgano que canalizará las propuestas y aportaciones del movimiento asociativo en relación con las políticas autonómicas de igualdad de género, velará por el incremento de la participación de las mujeres en los procesos públicos y privados de toma de decisiones, prestará asesoramiento a la Administración y promoverá la difusión de los valores de la igualdad entre la sociedad andaluza.

La creación del nuevo órgano de participación es una de las previsiones recogidas en el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en vigor desde enero de 2010 y con una dotación de 2.978,5 millones de euros hasta 2013. Este documento incluye una amplia relación de medidas para eliminar las discriminaciones por razón de sexo que aún se detectan en los ámbitos laboral, educativo, cultural y social.