Martes, 23 de Enero de 2018
   
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El Parlamento andaluz reduce trabas administrativas para las empresas

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El Parlamento andaluz ha convalidado el Decreto Ley 5/2014 de medidas normativas para reducir trabas administrativas para las empresas, una norma que simplifica 64 trámites y que facilitará la constitución de nuevas empresas en Andalucía de manera rápida y gratuita. Además, la cámara ha acordado por unanimidad iniciar la tramitación de esta norma como proyecto de Ley.

Durante la presentación del decreto ley, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha destacado que esta norma "da cumplimiento al compromiso de la presidenta de la Junta de Andalucía de impulsar la agilización de los trámites para el inicio y el desarrollo de la actividad empresarial, reduciendo los que corresponden a la comunidad autónoma e impulsando el dialogo con otras Administraciones en esta misma dirección". Junto a ello, ha añadido, la norma "posibilitar que el tiempo empleado en constituir una empresa se vea en Andalucía reducido, cuanto menos, a la mitad".

Para materializar este compromiso, el Gobierno andaluz ha aprobado una iniciativa legislativa de simplificación de trámites para impulsar la actividad económica y la creación de empresas, eliminando aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general, o sean innecesarias o desproporcionadas para atender esos fines; y simplificando los requisitos para la creación de empresas. Este proceso, ha contado con la participación de agentes económicos y sociales, entre ellos, CEA, UGT-A, CCOO-A, así como las Cámaras de Comercio y de asociaciones y federaciones representantes de la economía social y del colectivo de autónomos.

El Decreto recoge tres grandes bloques: la simplificación de trámites administrativos derivados de normativas autonómicas; la iniciativa @mprende+, que propiciará la creación de empresas de forma rápida y gratuita; y la ampliación de funciones de la Agencia de Defensa de la Competencia como organismo regulador y supervisor en esta materia.

El primer bloque de simplificación administrativa y disminución de trámites supone reducir en 64 los procedimientos de autorización vigentes de competencia autonómica. El Catálogo de procedimientos de autorización que afectaban a actividades económicas gestionados por la Junta era hasta ahora de 535, 315 de ellos fundamentados en legislación de la Administración del Estado, y los 220 restantes en normativa andaluza.

Para analizarlos, se realizó una revisión de los 220 procedimientos competencia de la Junta, que culminó en una catalogación de los mismos, una evaluación de en qué supuestos estaría justificado el régimen de autorización, el de declaración responsable o comunicación previa, o de libre acceso, así como el impulso de la simplificación en la tramitación.

Tras este análisis, se ha identificado que 26 de estos trámites se justifican en una normativa estatal superior, lo que impide actuar sobre ellos. De los 194 restantes, 130 se mantienen por razones de interés general de orden público, seguridad pública, salud pública, el medio ambiente o protección del patrimonio histórico, y se detallan en el decreto ley.

En total, la norma reduce los 64 procedimientos restantes, para lo cual se modifican 8 leyes y se cambiarán 19 Decretos y 6 Órdenes. De ellos, 23 se sustituirán por declaración responsable, 22 por comunicación previa y 19 serán de libre ejercicio. Estos procedimientos se suman a otros 85 ya simplificados por la Junta desde 2011, lo que hace un total de 149.

Calificación Ambiental y actividades inocuas

Además de la simplificación de trámites, la norma realiza dos modificaciones importantes que reducirán los plazos de concesión de licencias por parte de los Ayuntamientos: la Calificación Ambiental se sustituye por una declaración responsable en 36 categorías de actividades económicas y se contempla la figura de actividad económica inocua medioambientalmente.

En estos casos, los Ayuntamientos determinarán las actividades para los que bastará una declaración de inocuidad, que será suficiente para iniciar la actividad, lo que agilizará la concesión de licencias en actividades como el comercio minorista y determinados servicios y reducirá los costes de inicio, al eximir de la realización de informes de impacto ambiental.

Además, en los Anexos de la norma se recogen también los procedimientos de autorización que se mantienen por estar justificados y la adaptación de aquellos a los que se da cobertura legal en función de lo establecido en la Ley de Unidad de Mercado.

Apoyo a la creación de empresas

En el segundo bloque de esta norma se contemplan los trámites de la iniciativa denominada '@mprede+', mediante la cual se persigue que en Andalucía la creación de una empresa se consiga de forma rápida y gratuita. La administración andaluza y las entidades colaboradoras que quieran adherirse a la iniciativa se ocuparán de la tramitación de todo el proceso de forma rápida, entre dos y cinco días, telemática, adaptada a las necesidades del emprendedor y de forma gratuita, financiando todos los gastos notariales y de registro del proceso de constitución.

Finalmente, el tercer bloque contiene la ampliación de las competencias de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), para reforzar sus funciones como organismo independiente de asesoramiento en materia de regulación económica. Así, se asigna a la ADCA una nueva función asesora de los órganos y entidades de la Administración de la Junta y consultiva respecto de los proyectos normativos que incidan sobre las actividades económicas, afectando a la competencia efectiva o la unidad de mercado.

También se le dota de una nueva competencia de intermediación entre los operadores económicos y las administraciones andaluzas, en el proceso de mejora y simplificación de la regulación económica en Andalucía. La Agencia servirá de cauce para que los operadores económicos puedan poner de manifiesto los obstáculos y barreras normativas detectadas con el objetivo de agilizar las actividades económicas. Igualmente, se designa a la Agencia para desarrollar las funciones de punto de contacto previstas en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.



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