La modificación de leyes esenciales para la estabilidad sociolaboral de un país requiere un amplio consenso ciudadano, no sólo entre los denominados agentes sociales (empresarios y sindicatos) y el Gobierno, sino de la propia sociedad en su conjunto, con participación de todos los partidos políticos así como de movimientos, asociaciones y organizaciones de eso que se conoce como el Tercer Sector. Hablamos de entidades que trabajan día a día por mejorar la calidad de vida de las personas -especialmente aquellas que se sienten rechazadas por el ‘sistema’ o sufren un claro riesgo de exclusión social- y prestan un servicio a la ciudadanía en salud, educación, empleo o asistencia social que, pese a ser áreas de competencia directa de la administración, ésta no las ha desarrollado en su totalidad.

Partiendo de esa premisa, la ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y el anterior Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo no pueden suscitar otra cosa que el rechazo de la sociedad por su aprobación sin siquiera alcanzarse un mínimo acuerdo.

La reforma del mercado de trabajo requiere un esfuerzo común y una importante inversión en formación, nuevas tecnologías, desarrollo de energías renovables e investigación. Todo para conseguir una diversificación económica para superar la actual dependencia de la construcción y el turismo. Pese a esto, la actual reforma laboral se centra básicamente en el abaratamiento del despido, ampliando la indemnización de 33 días por año trabajado en el despido injustificado y ampliando las causas económicas para la procedencia del despido. No sólo eso, la reforma afecta a cuestiones donde el acuerdo resulta imprescindible como el despido por absentismo laboral, la supresión de derechos recogidos en convenios sectores o de ámbito superior a la empresa o la modificación de la jornada laboral.

Por estos y otros aspectos, la Asociación Arrabal entiende que es necesario dejar sin efecto la actual reforma laboral y apuesta por un pacto global donde se establezca un nuevo modelo que acabe con la precariedad y temporalidad laboral, potencie una economía productiva y sostenible, favorezca la inserción laboral de los colectivos en riesgo de exclusión, y fomente la innovación e investigación. Una línea de actuación que debe completarse con un mejor funcionamiento de los servicios públicos de empleo, adaptándose a las necesidades reales de las personas en desempleo y las empresas que buscan personal, y de la propia Inspección de Trabajo, para combatir la economía sumergida y la explotación que sufren muchos trabajadores y trabajadoras.